¿Quién gana cuando el dinero público pierde su rastro? Elecciones Presidenciales Brasil 2026

Fondos, exenciones fiscales, Banco Master y el desafío de impedir que el poder y la opacidad borren la historia del dinero

La corrupción no roba solamente dinero.

Cuando millones de reales dejan de llegar al destino para el cual fueron recaudados, pueden desaparecer junto con ellos consultas médicas, medicamentos, escuelas, saneamiento, jubilaciones, seguridad pública, infraestructura y oportunidades que tal vez nunca puedan recuperarse.

Pero existe una forma más sofisticada de captura de la riqueza colectiva.

Comienza cuando intereses privados o criminales no buscan solamente eludir una regla, sino acercarse a quienes fiscalizan instituciones, administran fondos, conceden beneficios, deciden sobre el presupuesto público o tienen poder para cambiar la propia regla.

Por eso, una de las preguntas más importantes de las Elecciones Presidenciales Brasil 2026 puede ser también una de las más simples:

Si el dinero pertenece a la sociedad, ¿por qué su historia todavía puede desaparecer dentro del sistema?

¿Quién tomó la decisión?

¿Quién recibió el dinero?

¿Cuánto recibió?

¿Qué fondo participó?

¿Qué beneficio fiscal fue concedido?

¿Quién escribió la regla?

¿El dinero pasó de un fondo a otro?

¿Fue enviado al exterior?

Y, principalmente:

¿Qué recibió la sociedad a cambio?

El objetivo de este artículo no es acusar a ningún candidato a la Presidencia de corrupción ni utilizar su patrimonio personal como indicio de irregularidad. Las declaraciones de bienes son presentadas por los propios candidatos ante la Justicia Electoral brasileña y divulgadas por el Tribunal Superior Electoral, TSE, mediante DivulgaCandContas.

Nuestro objetivo es diferente: analizar cómo cada propuesta presidencial aborda el dinero, el Estado y la fiscalización y, posteriormente, presentar una propuesta de BrainLatam para una trazabilidad ampliada del dinero público.

Qué proponen los candidatos a la Presidencia

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la Presidencia por el PT

Lula, actual presidente de Brasil y candidato a la reelección, propone fortalecer y modernizar el Estado, ampliar la participación social, digitalizar los servicios públicos y modificar la gestión de las enmiendas parlamentarias. En el ámbito económico, su programa mantiene al Estado como un agente activo del desarrollo y de las políticas sociales.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 4,8 millones.

La pregunta de BrainLatam es: aumentar la capacidad de planificación del Poder Ejecutivo puede responder quién decide una parte del presupuesto, pero ¿podrá la ciudadanía seguir el dinero después de tomada la decisión?

Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia por el PL

Flávio Bolsonaro propone fuertes recortes del gasto, reducción de la estructura administrativa, un nuevo techo fiscal, privatizaciones y revisión de subsidios. Su programa combina austeridad económica con políticas más duras de seguridad pública.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 8,2 millones.

Reducir los gastos responde a la pregunta de cuánto gasta el Estado.

La trazabilidad añade otra:

¿Quién recibió el dinero que continuó gastándose?

Romeu Zema, candidato a la Presidencia por Novo

Romeu Zema presenta una de las propuestas más intensas de reducción del tamaño del Estado entre los candidatos presidenciales. Su programa incluye ajuste fiscal, privatizaciones, reformas administrativa y previsional y revisión de programas públicos.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 178,7 millones.

Sin embargo, la trayectoria de Zema como gobernador de Minas Gerais ofrece un ejemplo especialmente relevante para este debate.

Durante su administración, Eletrozema, empresa perteneciente al grupo empresarial de su familia y en la cual Zema mantenía participación societaria, recibió aproximadamente R$ 2,28 millones en créditos presumidos de ICMS.

Los registros publicados indican que el beneficio fue concedido a partir de 2024. El gobierno de Minas Gerais sostuvo que se trataba de la continuidad de un tratamiento tributario sectorial, concedido de acuerdo con criterios técnicos y legales, sin un trato diferenciado debido a la composición societaria de la empresa.

Este hecho, por sí solo, no demuestra corrupción ni favorecimiento personal por parte de Zema.

Existe, sin embargo, otra cuestión.

Durante su gobierno, Zema se posicionó contra la divulgación individual de las empresas beneficiadas por estas exenciones fiscales, argumentando que la publicación podría revelar información comercial sensible.

La lista completa solo se hizo pública posteriormente, después de una disputa judicial.

En 2025, los regímenes fiscales especiales posteriormente divulgados representaban aproximadamente R$ 19,4 mil millones en renuncias de ICMS, mientras que el total previsto de beneficios fiscales estatales alcanzaba cerca de R$ 22,7 mil millones.

Aquí es donde el caso se vuelve relevante para nuestra pregunta.

Si el beneficio es legal, técnicamente justificable e impersonal, la transparencia debería protegerlo, no amenazarlo.

Cuando un gobernante posee intereses económicos alcanzados por una política pública, saber quién fue beneficiado, por cuánto, bajo qué regla y con qué resultado no debería depender de una batalla judicial años después.

La legalidad de un beneficio no elimina la necesidad de transparencia sobre ese beneficio.

Y esto nos lleva a una ampliación importante:

El dinero público no es solamente aquello que el Estado paga. También necesitamos poder ver aquello que el Estado decide no recaudar.

Ronaldo Caiado, candidato a la Presidencia por el PSD

Ronaldo Caiado propone responsabilidad fiscal, estabilización de la deuda pública, revisión de beneficios tributarios y restricciones al crecimiento del gasto. En agosto de 2026 defendió un límite constitucional para que el gasto público creciera como máximo a la mitad del ritmo de crecimiento del PIB.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 52,6 millones.

Revisar los beneficios fiscales aborda directamente el problema mencionado anteriormente.

Pero revisarlos no es suficiente.

La ciudadanía debe poder conocer quién recibe cada beneficio, durante cuánto tiempo y qué retorno social o económico justifica la renuncia fiscal.

Renan Santos, candidato a la Presidencia por Missão

Renan Santos propone un fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales. Uno de los elementos destacados de su programa es una Ley de Responsabilidad Gerencial, destinada a incorporar metas y criterios de desempeño a la administración pública.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 795 mil.

Una gestión orientada por resultados podría incorporar una capa adicional:

¿Cuánto dinero ingresó, quién lo ejecutó y qué resultado medible apareció en el territorio?

Augusto Cury, candidato a la Presidencia por Avante

Augusto Cury propone reducción de gastos, aproximar el déficit público a cero y reformas institucionales, junto con una amplia agenda centrada en educación y desarrollo humano.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 242,3 millones.

El equilibrio fiscal nos dice si las cuentas cierran.

La transparencia nos dice quién recibió el dinero antes de que cerraran.

Clariana Barão, candidata a la Presidencia por Democracia Cristiana

Clariana Barão propone responsabilidad fiscal, revisión de gastos y subsidios, simplificación regulatoria, concesiones y asociaciones público-privadas. En seguridad pública, su programa incluye explícitamente el rastreo financiero de organizaciones criminales y la recuperación de activos.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 1,8 millón.

Su propuesta crea una conexión interesante:

si seguir el dinero puede ayudar a identificar al crimen organizado, seguir el dinero público puede ayudar a impedir que el crimen organizado llegue hasta él en primer lugar.

Edmilson Costa, candidato a la Presidencia por el PCB

Edmilson Costa propone nacionalizar el sistema financiero, crear un Banco de los Trabajadores, suspender el pago de la deuda pública y reestatizar empresas privatizadas.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 454 mil.

Cuanto mayor sea el control del Estado sobre el sistema financiero, mayor será también la necesidad de que la sociedad controle a quienes controlan el propio sistema estatal.

Hertz Dias, candidato a la Presidencia por el PSTU

Hertz Dias defiende una ruptura más profunda con el actual modelo económico, incluyendo nacionalizaciones y ampliación de derechos sociales.

No declaró bienes ante el TSE.

Cambiar la propiedad del sistema no elimina automáticamente la opacidad.

Una caja negra puede ser privada o pública.

Rui Costa Pimenta, candidato a la Presidencia por el PCO

Rui Costa Pimenta también propone una amplia estatización y una fuerte reorganización del sistema económico y financiero brasileño.

No declaró bienes ante el TSE.

Nuevamente aparece la misma pregunta:

¿Quién vigila al vigilante?

Samara Martins, candidata a la Presidencia por Unidade Popular

Samara Martins defiende nacionalizaciones, incluyendo cambios profundos en el sistema bancario, ampliación de los servicios públicos y medidas anticorrupción que incluyen confiscación de bienes en las circunstancias previstas en su programa. Unidade Popular amplió posteriormente el programa inicialmente registrado.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 33 mil.

Una economía con mayor control público sobre los bancos exige también una infraestructura en la que las propias decisiones de las autoridades públicas sean profundamente auditables.

Wilson Grassi, candidato a la Presidencia por Democrata

Wilson Grassi presenta un Impuesto Único Federal como uno de los elementos centrales de su programa económico, junto con desregulación, automatización y digitalización de la recaudación y de la administración pública. Su propuesta relaciona la automatización con la reducción del fraude y de los costos administrativos.

Patrimonio declarado ante el TSE: del orden de R$ 50 millones.

Su propuesta conduce naturalmente a otra pregunta:

si podemos automatizar la recaudación, ¿por qué no automatizar también parte de la memoria del gasto público?

Pablo Marçal, candidato por el PRTB, con su situación electoral bajo análisis

Hasta ahora, Pablo Marçal no ha presentado un programa oficial de gobierno suficientemente consolidado como para permitir un análisis equivalente sin recurrir a declaraciones dispersas o suposiciones.

Patrimonio declarado ante el TSE después de la corrección: del orden de R$ 149,9 millones.

La declaración inicial contenía un error de miles de millones de reales en una inversión y posteriormente fue rectificada.

El 20 de agosto de 2026, el TSE adoptó una decisión cautelar que impedía a Marçal utilizar fondos públicos electorales, participar en debates y acceder a la propaganda electoral gratuita mientras su registro de candidatura continuaba bajo análisis.

Independientemente de la disputa electoral, el episodio de la declaración patrimonial deja una enseñanza sencilla:

La transparencia no significa que nunca habrá errores. Significa que los errores pueden ser encontrados, registrados y corregidos.

La legalidad es el piso. No debería ser el techo moral de la democracia

La corrupción criminal es ilegal.

Pero no todos los problemas de integridad comienzan cuando alguien viola una ley.

Una norma puede favorecer a determinados grupos.

Un permiso puede ampliarse.

Una exención fiscal puede ser totalmente formal.

Un fondo puede operar dentro de las reglas existentes.

Una enmienda parlamentaria puede recorrer todo el procedimiento legislativo requerido.

Y aun así la sociedad puede —y debe— preguntar:

¿Quién la escribió?

¿Quién la solicitó?

¿Quién influyó?

¿Quién recibió?

¿Quién se benefició?

¿Por qué no lo sabíamos?

El antiguo mecanismo brasileño de enmiendas RP9, conocido popularmente como “presupuesto secreto”, ofrece un ejemplo histórico importante.

En 2022, el Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucional el sistema porque violaba principios como transparencia, impersonalidad, moralidad y publicidad, especialmente porque no era posible identificar claramente a quienes proponían y se beneficiaban de determinados gastos.

Y la preocupación no desapareció cuando desapareció el nombre RP9.

En julio de 2026, el Supremo exigió a los presidentes de 21 partidos políticos que explicaran su eventual participación en la definición, distribución u operacionalización de enmiendas parlamentarias, precisamente como parte de los esfuerzos por aumentar la transparencia y la trazabilidad.

El Tribunal también ha destacado un principio importante:

cambiar el nombre no convierte una práctica opaca en constitucional.

Eso importa.

La democracia no puede transformarse en una competencia para encontrar un nombre técnicamente legal para la próxima caja negra.

Cuando el crimen organizado deja de huir del Estado

Existe una imagen simplificada del crimen organizado: criminales escondidos de la policía y operando fuera de las instituciones.

Las organizaciones criminales más sofisticadas pueden buscar algo mucho más valioso:

entrar en las propias instituciones.

En la economía formal.

En empresas.

Fondos.

Contratos.

Campañas.

Partidos políticos.

Administraciones públicas.

Y, finalmente, acercarse a quienes escriben las reglas.

El riesgo es suficientemente concreto como para que el Ministerio Público Electoral brasileño emitiera recomendaciones en 2026 instando a los partidos políticos a establecer sistemas de integridad, gobernanza y fiscalización específicamente destinados a prevenir la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral.

Esto no autoriza a afirmar que el Congreso brasileño pertenece al crimen organizado.

Eso sería falso.

Pero permite una conclusión menos cómoda:

Los grupos económicos poderosos y las organizaciones criminales tienen incentivos para intentar influir en las instituciones que establecen los límites de sus actividades.

Y el caso Banco Master volvió esta discusión mucho menos abstracta.

Banco Master: cuando una investigación alcanza a quienes escriben las reglas

En las investigaciones relacionadas con Banco Master, la Policía Federal comenzó a examinar una propuesta presentada por el senador Ciro Nogueira que habría elevado la cobertura ordinaria del Fondo Garantidor de Créditos, FGC, de R$ 250 mil a R$ 1 millón.

Según elementos de la investigación de la Policía Federal citados en procedimientos judiciales y reportados por la prensa, el texto podría haber sido elaborado por asesores del propio Banco Master y posteriormente entregado para su presentación en el Senado.

Ciro Nogueira niega haber cometido una conducta ilegal y cuestionó aspectos de la investigación. La propuesta original terminó siendo rechazada.

Por lo tanto, estamos hablando de una investigación, no de una condena definitiva.

Pero la hipótesis investigada es extremadamente relevante para cualquier democracia.

Una cosa es buscar una brecha en una regla.

Otra es intentar hacer que la brecha sea mayor.

La etapa más peligrosa de un interés ilícito quizá no sea cuando pregunta: “¿Cómo puedo escapar de la ley?”. Puede ser cuando comienza a preguntar: “¿Cómo puedo acercarme a quienes hacen la ley?”.

Por eso, el lobby, la redacción legislativa y los intereses económicos también necesitan transparencia.

No porque conversar con parlamentarios sea criminal por naturaleza.

Sino porque los ciudadanos deberían poder saber quién participó en la construcción de una regla y quién podía beneficiarse económicamente de ella.

¿Y cuando el dinero pertenece a los jubilados?

El caso Banco Master también alcanzó a RioPrevidência, responsable por la previsión de los servidores públicos del estado de Río de Janeiro.

La Policía Federal investiga aproximadamente R$ 3,6 mil millones en recursos previsionales invertidos en letras financieras y fondos relacionados con Banco Master.

RioPrevidência administra recursos relacionados con el pago de jubilaciones y beneficios de más de 235 mil servidores activos y jubilados.

Según la decisión judicial que autorizó medidas de investigación, fueron identificados indicios de participación política en la viabilización de algunas de esas inversiones.

Se trata de asuntos bajo investigación, no de condenas definitivas.

Pensemos en la naturaleza de este dinero.

No era simplemente capital especulativo de una persona dispuesta a asumir un riesgo financiero.

Era patrimonio vinculado a la jubilación de servidores públicos.

Luego entró en el sistema financiero.

Letras financieras.

Fondos estructurados.

Gestoras.

Empresas.

Intermediarios.

Y mientras más capas aparecen, más difícil puede ser responder una pregunta elemental:

¿Dónde terminó cada parte del dinero?

¿El dinero de los jubilados financió Dark Horse?

Aquí es precisamente donde el rigor intelectual se vuelve indispensable.

Con base en la información pública disponible hasta el 20 de agosto de 2026, no podemos afirmar que recursos de RioPrevidência hayan sido utilizados para financiar la película Dark Horse.

No existe evidencia pública suficiente para sostener esa afirmación.

Y no debemos transformarla en una acusación.

Lo que sabemos es diferente.

Flávio Bolsonaro reconoció haber contactado a Daniel Vorcaro en busca de financiación para la película sobre Jair Bolsonaro. Las informaciones públicamente divulgadas sobre las negociaciones indican que Vorcaro transfirió aproximadamente R$ 61 millones para la producción. Flávio Bolsonaro niega haber ofrecido cualquier contrapartida indebida.

Un informe pericial privado contratado por la defensa de la productora afirmó que Dark Horse costó aproximadamente R$ 75 millones y que los documentos analizados no permitieron identificar recursos públicos entre el dinero utilizado.

Según ese informe, los recursos provenían del fondo estadounidense Havengate.

Sin embargo, el propio informe limita sus conclusiones al material entregado a los peritos privados, mientras la Policía Federal todavía analizaba mecanismos para acceder a información protegida por el secreto del fondo.

Existe otra pieza del rompecabezas.

Informes de inteligencia financiera de Coaf analizados por la prensa indicaron que el fondo Gold Style, administrado por Reag, realizó operaciones con Entre Investimentos, empresa utilizada en transferencias relacionadas con la película.

El mismo fondo también apareció en operaciones con otras empresas investigadas.

Según el material de Coaf divulgado por la prensa, estructuras organizadas en múltiples capas dificultaban identificar a los beneficiarios finales y rastrear determinadas operaciones.

Y aquí está el punto central:

Hoy no podemos afirmar que el dinero de las jubilaciones de los servidores haya financiado Dark Horse. Pero un ciudadano común tampoco dispone de una única trazabilidad pública, completa y de punta a punta, capaz de seguir todos esos recursos a través de fondos, empresas, activos y jurisdicciones.

Eso es muy diferente de acusar a alguien.

En realidad, es precisamente un argumento a favor de evidencia en lugar de acusación.

Porque una trazabilidad insuficiente perjudica a ambos lados.

Hace más difícil demostrar una irregularidad.

Y hace más difícil eliminar definitivamente una sospecha falsa.

La transparencia también protege a los inocentes

Imaginemos una infraestructura capaz de responder:

“¿Alguna parte de estos recursos previsionales llegó a este fondo?”

Sí o no.

“¿Alguna parte de ese fondo terminó en esta inversión?”

Sí o no.

“¿Esta empresa recibió dinero cuyo origen era público?”

Sí o no.

La respuesta no dependería exclusivamente de creer en la palabra de un político.

Ni de creer en la acusación de su adversario.

Ni de reconstruir miles de páginas años después.

La propia trazabilidad financiera podría responder.

La transparencia no sirve únicamente para encontrar corruptos.

También protege a quienes no participaron de la corrupción.

Al gestor público correcto.

A la empresa legítima.

Al fondo legítimo.

Al político injustamente acusado.

Al inversor.

Al jubilado.

Cuanto más sólido sea el rastro, menos espacio existe tanto para esconder un delito como para fabricar una culpabilidad sin pruebas.

El mercado financiero necesita confidencialidad. Pero el dinero público no puede desaparecer dentro de él

Sería falso afirmar que el sistema financiero brasileño no tiene fiscalización.

Existe el Banco Central.

La Comisión de Valores Mobiliarios, CVM.

Coaf.

Auditores.

Departamentos de compliance.

Secreto bancario regulado por ley.

Reglas de prevención al lavado de dinero.

La privacidad financiera es un derecho importante.

El problema surge cuando estructuras destinadas a proteger una confidencialidad legítima también vuelven extraordinariamente difícil identificar al beneficiario económico final y el origen de determinados recursos.

En el caso Gold Style, por ejemplo, reportajes basados en documentos de Coaf mencionaron obligaciones privadas confidenciales y estructuras en las que resultaba difícil identificar públicamente a las personas que estaban detrás de determinadas operaciones.

Tal vez necesitemos, por lo tanto, un principio muy sencillo:

El dinero privado merece privacidad. El dinero público exige memoria.

Y podemos añadir:

El dinero público de jubilaciones exige memoria.

Los subsidios públicos exigen memoria.

Las renuncias fiscales exigen memoria.

Las garantías públicas exigen memoria.

Eletrozema demuestra que el dinero no siempre necesita salir del Tesoro

Volvamos al ejemplo de Romeu Zema.

El Estado no realizó necesariamente una transferencia bancaria directa de R$ 2,28 millones a Eletrozema.

El beneficio ocurrió a través del sistema tributario.

El Estado renunció a parte de su recaudación mediante un crédito presumido de ICMS.

Esto demuestra por qué la transparencia no puede limitarse al dinero que el Tesoro paga directamente.

También necesitamos seguir decisiones como:

¿Quién recibió el beneficio fiscal?

¿Cuánto dejó de pagar?

¿Bajo qué regla?

¿Por cuánto tiempo?

¿Qué autoridad supervisó la decisión?

¿Qué retorno económico justificó el beneficio?

El gobierno de Minas Gerais sostiene que el tratamiento tributario concedido a Eletrozema siguió reglas sectoriales y no estuvo relacionado con la participación societaria de Zema.

Precisamente por eso, una transparencia existente desde el comienzo habría sido útil: la sociedad habría podido verificar esa afirmación sin esperar una decisión judicial para conocer quiénes eran los beneficiarios.

Cuando una decisión es correcta, la transparencia fortalece su legitimidad. Cuando no lo es, la transparencia ayuda a revelarlo.

Aquí es donde Drex puede cambiar la pregunta

Una precisión es fundamental.

Drex no rastrea actualmente todo el dinero brasileño.

El proyecto del Banco Central continúa en desarrollo.

Pero existe una característica tecnológica importante.

El propio Banco Central ha afirmado que una infraestructura de registro distribuido como la estudiada para Drex puede proporcionar un elevado grado de auditabilidad, trazabilidad y transparencia, creando nuevas herramientas para supervisión y regulación.

Aquí comienza la propuesta de BrainLatam.

No se trata de transformar Brasil en un sistema de vigilancia de todas las compras privadas.

Se trata de construir una capa radicalmente más transparente cuando el origen del recurso sea público.

El dinero público podría transportar su propia historia

Imaginemos R$ 1.000 millones pertenecientes a un fondo público de jubilación.

Entran en una inversión.

Registro.

Pasan a un fondo.

Registro vinculado.

El fondo compra otro activo.

Registro.

El activo es negociado.

Registro.

Parte del dinero llega a una empresa.

Registro.

La empresa transfiere recursos a otra institución.

El rastro continúa.

Una parte cruza la frontera brasileña.

Dentro de la jurisdicción nacional quedan registrados el origen, la institución, la operación cambiaria, la justificación declarada y la contraparte.

Esto no significa asignar un número de serie a cada real.

La arquitectura podría conectar digitalmente activos, tokens, derechos, contratos, fondos y finalidades públicas.

El dinero puede cambiar de representación.

Su origen público no debería desaparecer.

¿Y el fraude?

Seguiría existiendo.

La tecnología no convierte a una persona corrupta en honesta.

Podrían continuar existiendo:

empresas fantasma,

sobreprecios,

facturas falsas,

testaferros,

colusión,

documentos adulterados.

Pero existe una enorme diferencia.

Hoy una investigación compleja puede necesitar reconstruir decenas o cientos de relaciones separadas años después.

Con una arquitectura diseñada desde el inicio para la trazabilidad, una parte importante de esa historia ya habría sido registrada en el momento de producirse las operaciones.

Cuantas más capas alguien cree para esconder el dinero, más registros e inconsistencias puede necesitar producir.

El fraude no desaparecería.

Tendría que enfrentarse al rastro.

Brasil ya tiene un ejemplo de esta lógica

La Controladuría General de la Unión, CGU, utiliza una herramienta llamada Alice para analizar automáticamente documentos de contrataciones y licitaciones públicas.

En 2024, el sistema examinó más de 118 mil procesos de compras, orientó 214 auditorías que involucraban R$ 26,17 mil millones y la CGU informó aproximadamente R$ 1,25 mil millones en beneficios financieros derivados de acciones preventivas.

La inteligencia artificial no detiene a nadie.

No juzga a nadie.

No sustituye a los tribunales.

Pero puede identificar patrones que serían extraordinariamente difíciles de localizar manualmente.

Ahora imaginemos esa capacidad conectada a una trazabilidad financiera mucho más estructurada de los recursos de origen público.

Porque los gobiernos cambian

Existe otra razón por la cual esto debe ser institucional y no partidario.

Lula no gobernará para siempre.

Tampoco Flávio Bolsonaro.

Ni Zema.

Ni Caiado.

Ni ningún candidato de esta elección.

Los presidentes pasan.

El Congreso cambia.

Los dirigentes de organismos reguladores son sustituidos.

Las prioridades políticas cambian.

Pero el rastro debería permanecer.

La lucha contra la corrupción no puede depender de tener al gobernante correcto en el momento correcto.

El sistema debe ser capaz de fiscalizar incluso a quien temporalmente controla el propio sistema.

La pregunta que debería sobrevivir a cualquier resultado de las Elecciones 2026

Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Wilson Grassi y Pablo Marçal presentan visiones profundamente diferentes del Estado.

Algunos quieren reducirlo.

Otros ampliarlo.

Algunos defienden privatizaciones.

Otros estatizaciones.

Algunos quieren reducir impuestos.

Otros ampliar la participación estatal en el sistema financiero.

Pero ninguna de estas diferencias elimina un hecho:

La corrupción puede existir bajo cualquier modelo.

Encuentra terreno fértil cuando tres elementos consiguen combinarse:

dinero, poder y opacidad.

Por eso, un principio debería sobrevivir a cualquier elección:

Ningún presidente, parlamentario, partido político, banco, fondo, empresa u organización debería poder transformar dinero público en dinero sin historia.

Si entra en un fondo, deja registro.

Si sale, deja registro.

Si pasa a otro fondo, el rastro continúa.

Si alguien recibe un subsidio, sabemos quién lo recibió.

Si alguien obtiene un beneficio fiscal, sabemos cuánto dejó de recaudar el Estado.

Si el dinero cruza fronteras, sabemos bajo qué operación salió del país.

Si financió una obra, podemos encontrar la obra.

Si pertenecía a un sistema de jubilaciones, podemos seguir sus activos.

Y cuando aparezca la pregunta:

“¿Este dinero terminó financiando algo para lo cual nunca estuvo destinado?”

la respuesta del Estado no debería depender de una fe política.

Ni de la izquierda.

Ni de la derecha.

Debería depender de evidencia.

Tal vez el mayor potencial democrático del dinero digital no sea hacerlo circular más rápido.

Tal vez sea hacer cada vez más difícil robar, ocultar, fragmentar o borrar la historia del dinero público.

Los gobiernos cambian.

Los mandatos terminan.

Las leyes cambian.

Los fondos cambian de nombre.

Las empresas cambian de propietarios.

Pero el dinero que pertenece a la sociedad no debería adquirir el derecho de perder su memoria.

Su historia también es un patrimonio público.

Referencias principales

• Tribunal Superior Electoral, TSE. DivulgaCandContas, datos electorales abiertos, candidaturas presidenciales, patrimonio declarado y programas de gobierno para las Elecciones 2026.

• Informes y documentación pública sobre los 13 candidatos registrados a la Presidencia y sus respectivas propuestas de gobierno.

• Declaraciones patrimoniales ante el TSE de los candidatos presidenciales de 2026, incluida la declaración corregida de Pablo Marçal.

• Poder360 y Folha de S.Paulo. Información sobre aproximadamente R$ 2,28 millones en créditos presumidos de ICMS concedidos a Eletrozema, la explicación del gobierno de Minas Gerais y el historial de divulgación de las renuncias fiscales estatales.

• Supremo Tribunal Federal, STF. Decisiones que declararon inconstitucional el mecanismo de enmiendas RP9 conocido como “presupuesto secreto” y medidas posteriores para ampliar transparencia y trazabilidad de las enmiendas parlamentarias.

• Ministerio Público Electoral. Recomendaciones de 2026 destinadas a prevenir la infiltración de organizaciones criminales en partidos y en el proceso electoral.

• Policía Federal y procedimientos judiciales relacionados con la propuesta de aumento de la cobertura del FGC vinculada al caso Banco Master y las alegaciones sobre la elaboración del texto.

• Agência Brasil. Investigación de aproximadamente R$ 3,6 mil millones de recursos de RioPrevidência invertidos en estructuras relacionadas con Banco Master.

• Investigaciones públicas e información periodística sobre aproximadamente R$ 61 millones asociados al financiamiento de Dark Horse, además de Havengate, Gold Style, Reag y otras estructuras financieras intermediarias.

• Banco Central de Brasil. Referencias técnicas de Drex sobre tecnología de registro distribuido, auditabilidad, trazabilidad, transparencia, tokenización y contratos inteligentes.

• Controladuría General de la Unión, CGU. Resultados de 2024 del sistema Alice de monitoreo automatizado de contrataciones públicas.